El pozo sin fondo de Metrolínea: así se evaporan los impuestos de los bumangueses
La Alcaldía de Bucaramanga le aseguró a la Procuraduría que era «inviable jurídicamente» girar recursos para las estaciones del SITM. Los registros presupuestales muestran miles de millones de pesos transferidos a Metrolínea y sus contratistas. La Unidad Investigativa de La CIA reconstruye el expediente.
Unidad Investigativa de La CIA
La Alcaldía de Bucaramanga le aseguró a la Procuraduría General de la Nación que era «inviable jurídicamente» girar un solo peso para el mantenimiento, la vigilancia o la operación de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). Su argumento: el Convenio Interadministrativo 348 de 2018 deja esos costos exclusivamente en manos de Metrolínea S.A.
Los registros presupuestales cuentan otra historia. Miles de millones de pesos del erario local se giraron a Metrolínea y a sus contratistas a través de licitaciones de único oferente, convenios de transición y fondos de estabilización.
La Unidad Investigativa de La CIA reconstruyó, documento por documento, el expediente disciplinario: archivado «por trámite» en la Procuraduría, pero con una indagación previa que sigue abierta en la Personería de Bucaramanga. En el centro está un patrimonio público avaluado en más de $36.000 millones de pesos que habría quedado sin garantías.
Un convenio de «valor cero»
El Convenio 348 se firmó en diciembre de 2018 entre Julián Constantino Carvajal Miranda, entonces director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) de la Alcaldía de Bucaramanga, y Laura Isabel Rodríguez Cardozo, entonces gerente de Metrolínea S.A. Su objeto era aunar esfuerzos para la administración, el mantenimiento y la seguridad de los bienes fiscales y de uso público del SITM durante diez años, y coordinar la transferencia de los inmuebles de Metrolínea al inventario del Municipio, bajo el seguimiento del DADEP.
El documento estaba diseñado para blindar por completo las finanzas del municipio:
Cláusula Cuarta: fijó un valor de cero pesos ($0) y advirtió que la entrega de la infraestructura «no compromete imputaciones presupuestales para el Municipio de Bucaramanga».
Cláusula Quinta (literal B): dejó a cargo exclusivo de Metrolínea el aseo rutinario, la vigilancia privada, las reparaciones locativas, el pago de servicios públicos y las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE).
Cláusula Décimo Quinta: obligó a Metrolínea a mantener «indemne» a la Administración Municipal frente a cualquier reclamación de terceros por el deterioro o la operación de las estaciones.
Cláusula Sexta: estableció una doble supervisión, a cargo de José Agustín Sotto Cano, subsecretario administrativo y director de bienes y servicios del municipio, y de Luis Ignacio Macías Esparza, director administrativo y financiero de Metrolínea.
Pero el esquema tenía un vacío de fondo: en la Cláusula Décimo Sexta las partes acordaron no exigir ninguna garantía ni póliza de cumplimiento para respaldar la custodia de la infraestructura entregada.
Un archivo «técnico» que no absolvió a nadie
La investigación disciplinaria arrancó con una denuncia que el ciudadano Fernando Martínez Arenas radicó el 22 de agosto de 2025 ante el Ministerio de Transporte (radicado MT 20253031293082). En ella alertó sobre presuntas irregularidades administrativas, fiscales, disciplinarias y penales por el uso de recursos del Municipio para asumir funciones de operación, mantenimiento y vigilancia de las estaciones, en contravía del Convenio 348.
Al recibir la queja por competencia, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga abrió indagación previa el 22 de octubre de 2025 (expediente IUS-E-2025-427390, IUC-D-2025-4155809). El 10 de julio de 2026, el procurador provincial Javier Orlando Díaz Girón archivó el caso.
El archivo no absolvió a los implicados ni desvirtuó los hechos. Fue un cierre procedimental, con base en el artículo 90 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), para evitar una actuación duplicada: la Personería de Bucaramanga ya investigaba lo mismo. Así lo confirmó el 20 de noviembre de 2025 el personero delegado para la Vigilancia Administrativa y Asuntos Disciplinarios, Ferrey Guillermo González Ortiz:
«Esta delegada para la vigilancia administrativa tiene conocimiento de la queja de fecha 29 de julio de 2025 suscrita por el señor Fernando Martínez Arenas, la cual fue radicada bajo el SIGED-R-2025-15710, CPA 2008-2025; una vez estudiada la queja, esta delegada mediante auto de fecha 10 de noviembre de 2025 ordenó la apertura de INDAGACIÓN PREVIA».
Como las personerías tienen poder disciplinario preferente sobre los servidores municipales —alcalde, secretarios de despacho y directores—, la Procuraduría se apartó del caso. Pero dejó una advertencia expresa en su providencia: «la PGN conservará la facultad de ejercer poder preferente, asumir el proceso o revisar las decisiones si advierte que la tramitación en la Personería Municipal se desvía del marco legal».
La Alcaldía reconoció los incumplimientos, pero el convenio sigue vigente
Pese al deterioro evidente de las estaciones, las auditorías internas y la presión del control político, la Alcaldía de Bucaramanga reconoció oficialmente que Metrolínea S.A. incumplió el convenio. Aun así, el acuerdo sigue vigente. Según el documento que es el eje de esta investigación, la administración municipal tuvo evidencia y certeza de lo que ocurría desde junio o julio de 2024 (consulte el documento; ver también la nota de Vanguardia).
Un informe de seguimiento que la Subsecretaría Administrativa de Bienes y Servicios remitió al DADEP detalla los puntos críticos:
Estado físico crítico: abandono, desmantelamiento de materiales y vandalismo en las estaciones, por la falta de la vigilancia y el aseo que por contrato le correspondían a Metrolínea.
Sin garantías para la transferencia: los datos reportados por Metrolínea no dan certeza ni garantías jurídicas para incorporar legalmente los predios al inventario del Municipio.
Plan de mejoramiento incumplido: según el documento, Metrolínea no cumplió las acciones aprobadas por la Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) para recuperar la infraestructura y los bienes públicos afectados.
Alertas ante el Concejo: en los debates de control político se presentaron anexos técnicos en los que el DADEP y la Secretaría Administrativa exponen las fallas de los planes de mejoramiento y el riesgo legal de los inmuebles.
Actas de incumplimiento: en las actas del 3 de abril, el 22 de mayo y el 27 de junio de 2025, la Administración documentó mes a mes, entre 2024 y 2025, que Metrolínea no cumplió con la vigilancia, el aseo, el mantenimiento y el inventario de los bienes de las estaciones.
A eso se suman otras actuaciones jurídicas y administrativas:
Mesas técnicas fallidas: el DADEP convocó en varias ocasiones mesas de trabajo para revisar el plan de mejoramiento e iniciar la incorporación de los inmuebles, pero no surtieron efecto por la inasistencia injustificada de los delegados de Metrolínea.
Un convenio que no se liquidó: pese a los incumplimientos reconocidos, el convenio no se liquidó. Certificaciones contables de Metrolínea muestran que la entidad mantenía registrados activos e inmuebles de las estaciones con un valor histórico superior a $50.300 millones de pesos.
Conceptos de la Secretaría Jurídica: la propia Alcaldía evaluó la viabilidad de una liquidación unilateral o de aplicar las cláusulas de incumplimiento, al parecer para salvaguardar el patrimonio público. Sin embargo, Metrolínea sigue en operación y, lo que es más grave, la Alcaldía financia su funcionamiento, pese a lo que ordena el convenio (consulte el documento).
Resolución 0025 de 2026: cita los antecedentes del Convenio 348 y delimita las obligaciones de custodia que tenía Metrolínea y el estado de los bienes (consulte la resolución).
Por ley, los informes de interventoría y supervisión deben publicarse en la sección de transparencia del sitio web de Metrolínea.
Lo que la Alcaldía le dijo a la Procuraduría
En sus respuestas al órgano de control (folios 30 a 94 del expediente), la Alcaldía de Bucaramanga fue tajante:
«La Administración Municipal sostiene, en esencia, que no ha realizado giros o transferencias de recursos públicos con destino al mantenimiento, vigilancia o aseo de las estaciones del SITM, argumentando que tales obligaciones corresponden exclusivamente a Metrolínea S.A. conforme a las cláusulas quinta y sexta del Convenio Interadministrativo No. 348 de 2018, y que cualquier solicitud de recursos por parte de Metrolínea para esos conceptos resulta inviable jurídicamente para el Municipio».
Los registros de contratación estatal contradicen esa versión. Pese a la «inviabilidad jurídica» que alegó, la Alcaldía ha dispuesto millonarias partidas del presupuesto municipal para sostener el sistema y reestructurar su infraestructura:
Fondo de Estabilización (FES/FETP): desde el Acuerdo Municipal 030 de 2021 y el Decreto 0125 de 2021, la Alcaldía habilitó subsidios y transferencias directas que empezaron en $1.211 millones y continuaron con adiciones de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD). Consulte el Acuerdo 030 de 2021 y el Decreto 0125 de 2021.
Alquiler de flota (abril de 2025): se autorizaron $5.040 millones para arrendar 11 buses a gas que suplieran la falta de flota de Metrolínea.
Transición al SITME (junio de 2025): la Alcaldía y el Área Metropolitana de Bucaramanga firmaron el Convenio 119 de 2025, por $8.300 millones, para integrar nuevos vehículos y modificar el sistema de recaudo (ver anuncio oficial).
Estudios de recuperación (enero de 2026): Metrolínea adjudicó por invitación privada $430 millones a la firma Galev SAS para elaborar los estudios, diseños y presupuestos de la remodelación de las estaciones, supuestamente golpeadas por el vandalismo.
Reconstrucción de estaciones (agosto de 2026): Metrolínea abrió en SECOP II la licitación M-IP-008-2026, por $12.000 millones, financiada con disponibilidades presupuestales de la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga. Se adjudicó de manera controvertida al Consorcio Metrolínea 2026, único oferente. La interventoría, de $1.031 millones, fue declarada desierta.
El documento clave: «Transferencias Mun. Bucaramanga»
La Unidad Investigativa de La CIA encontró un documento interno de Metrolínea relacionado con la licitación de reconstrucción de estaciones, titulado «Estudios previos. Invitación pública». Su ítem 5.7, «Disponibilidad presupuestal y fuente de financiación», no deja dudas sobre quién paga:
«El presente proceso cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 2026000247, expedido por Metrolínea S.A. el 11 de agosto de 2026, por valor de ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($11.965.915.608,00), con cargo al rubro presupuestal 2.3.2.02.02.005, denominado “Construcción y servicios de la construcción”, y fuente de financiación Municipio de Bucaramanga. Asimismo, la Junta Directiva de Metrolínea S.A., en sesión celebrada el 6 de agosto de 2026, autorizó al Gerente y representante legal para adelantar el proceso de selección y celebrar el contrato correspondiente».
En el numeral 5.7.1, «Fuente de financiación», la única casilla marcada es «Transferencias Mun. Bucaramanga», y el documento aclara que corresponde al 100 % de los recursos. Las demás opciones —recursos del convenio de cofinanciación del SITM, recursos propios del ente gestor y fondos especiales de convenios— quedaron en blanco. El visto bueno a esa disponibilidad presupuestal lo dio Oviel Mendoza Guerrero, funcionario de Metrolínea (consulte el CDP).
El Fondo de Estabilización, en la mira
Hay quienes sostienen que el FES se creó para aliviar el costo del transporte de estudiantes y menores tras la crisis económica de la pospandemia y que, como cumplió ese fin social, no tiene relación con una posible violación del Convenio 348.
Los abogados expertos consultados por La CIA piensan distinto. A su juicio, la inyección de recursos al FES/FETP queda atrapada en la inviabilidad jurídica del convenio por cuatro razones:
Nulidad en cadena. El FES/FETP existe para subsidiar el déficit operacional del sistema que gestiona Metrolínea. Si la base de esa operación —la entrega de infraestructura por $36.186 millones mediante el Convenio 348— está viciada por la falta de pólizas y garantías, toda erogación posterior para sostenerla hereda la invalidez de origen.
Fraude a la ley. Ante la inviabilidad de seguir girando recursos por la vía del convenio, la Administración y el Concejo habrían creado el FES/FETP como un mecanismo paralelo para transferir ICLD a un ente cuya invalidez contractual impedía ese flujo, lo que configuraría una posible desviación de poder.
Uso irregular de recursos de libre destinación. Inyectar ICLD para cubrir el déficit de un ente gestor que custodiaba infraestructura pública sin pólizas convierte, según los expertos, recursos corrientes en cobertura de pérdidas por negligencia institucional, con un detrimento patrimonial continuado.
Corresponsabilidad. El alcalde que decretó y el Concejo que aprobó el Acuerdo 030 de 2021 conocían, o debían conocer, las inconsistencias del convenio. Al no condicionar los subsidios a su saneamiento —exigir pólizas, liquidarlo o reestructurarlo—, habrían asumido una responsabilidad solidaria.
En síntesis, para los expertos el FES/FETP «no sirvió como una solución de salvamento legal, sino como un vehículo de refinanciación de un acto viciado». Serán los órganos de control los que definan si existe responsabilidad de quienes lo crearon.
Más de $36.000 millones en riesgo
La magnitud del riesgo patrimonial se aprecia al cotejar el valor contable de los bienes entregados en la Cláusula Primera del convenio con las partidas que la Administración Municipal inyectó después para suplir la inoperancia de Metrolínea.
Cuatro presuntas irregularidades
Al confrontar el expediente de la Procuraduría, el Convenio 348 y publicaciones de la prensa regional, se configurarían cuatro presuntas irregularidades de extrema gravedad:
Posible inducción a error a la autoridad disciplinaria. Si la Personería comprueba que la Alcaldía aprobó CDP o viabilizó recursos para la infraestructura del SITM mientras certificaba a la Procuraduría que «no ha realizado giros ni transferencias por ser inviable jurídicamente», los servidores involucrados podrían responder por falsedad y por falta gravísima disciplinaria.
Un patrimonio de más de $36.000 millones sin protección. Al eximir a Metrolínea de la póliza de cumplimiento en la Cláusula Décimo Sexta, el Municipio se quedó sin una garantía ejecutable para cobrar el deterioro, el saqueo y la ruina de estaciones como Provenza, UIS y Chorreras.
Una causal de terminación ignorada. La Cláusula Octava (numeral 7) prevé terminar el convenio si una de las partes entra en liquidación. Pese al avanzado estado de disolución y liquidación de Metrolínea, la Administración no lo terminó para reasumir la custodia de los predios y prefirió transferir presupuestos de obra civil a una entidad con decisión de liquidación.
Violación del régimen del transporte masivo. El artículo 14 de la Ley 86 de 1989, el artículo 2 de la Ley 310 de 1996 y el artículo 16 del Decreto 3109 de 1997 prohíben que los entes territoriales asuman costos de operación, mantenimiento o administración de los entes gestores. Financiar obras mediante licitaciones como la M-IP-008-2026 eludiría esa prohibición.
Mapa de actores
Entre 2018 y 2026, con sus firmas, aprobaciones, votos, omisiones de control o giros, en estas decisiones habrían intervenido mandatarios, gerentes, firmantes, supervisores, secretarios y concejales.
Alcaldes de Bucaramanga
Administración 2015-2019 (Rodolfo Hernández Suárez / Manuel Azuero Figueroa): tendría responsabilidad en la adopción del Convenio 348 de 2018 y en la delegación que entregó un patrimonio público de $36.186 millones a Metrolínea sin exigir póliza de cumplimiento.
Administración 2020-2023 (Juan Carlos Cárdenas Rey): presunto responsable de estructurar los giros y subvenciones al Fondo de Estabilización Tarifaria (FES) y de la inacción frente al abandono progresivo de la infraestructura, sin aplicar la cláusula de indemnidad ni terminar el convenio.
Administraciones 2024-2026 (Jaime Andrés Beltrán Martínez / Eduard Jesús Sánchez Ariza / Javier Sarmiento Olarte / Cristian Portilla Pérez): Portilla es el sujeto directo de la denuncia penal, fiscal y disciplinaria que radicó Fernando Martínez Arenas (expediente SIGED-R-2025-15710 en la Personería). Se evalúa la responsabilidad del mandatario y su gabinete por destinar fondos públicos a obras y mantenimiento del SITM y por las certificaciones enviadas a la Procuraduría (folios 30 a 94) que negaban esos giros.
Gerentes de Metrolínea
Laura Isabel Rodríguez Cardozo (22 de junio de 2018).
Emilsen Jaimes Caballero (mayo de 2019 a enero de 2023).
Yolima Espinel Blanco (enero a diciembre de 2023).
Jahir Andrés Manrique Bautista (enero de 2024 a enero de 2025).
Emiro José Castro Meza (desde 2025).
Según el análisis, todos ellos incurrirían en presuntas faltas administrativas:
Omisión en el deber de salvaguarda: quien ejerce la gerencia o la liquidación de Metrolínea administra hoy la infraestructura de $36.186 millones. Mantener la posesión de estaciones y portales sin exigir pólizas configuraría una supuesta falta propia, no excusable en las decisiones de 2018.
Ejecución de recursos de origen cuestionado: como ordenadores del gasto, los gerentes —en particular el actual— han recibido y ejecutado las inyecciones presupuestales aprobadas por la Alcaldía y el Concejo, conociendo las restricciones del convenio y el déficit operativo.
Incumplimiento del deber de denuncia y repetición: como representante legal, el gerente debe iniciar las acciones contractuales o judiciales para sanear la entrega de la infraestructura o demandar las cláusulas viciadas. Su pasividad o su silencio frente a las irregularidades heredadas configurarían una presunta omisión grave.
Firmantes del Convenio 348
Julián Constantino Carvajal Miranda (exdirector del DADEP): firmó en representación del Municipio, por delegación del Decreto 105 de 2017, y entregó la administración de las estaciones sin amparos ni pólizas de cumplimiento sobre los bienes públicos.
Laura Isabel Rodríguez Cardozo (exgerente de Metrolínea): obligó a la entidad a asumir costos de vigilancia, aseo, mantenimiento y servicios públicos que no estaba en capacidad financiera de cumplir.
Supervisores del convenio
José Agustín Sotto Cano y sus sucesores (Subsecretaría de Bienes y Servicios del Municipio): enfrentan eventuales omisiones disciplinarias por no reportar el incumplimiento, no activar la cláusula de indemnidad y no exigir la devolución de los bienes en buen estado.
Luis Ignacio Macías Esparza y sus sucesores (Dirección Administrativa y Financiera de Metrolínea): posible responsable directo de la falta de mantenimientos locativos y del no pago de los servicios públicos de las estaciones.
Secretarios de despacho
Hacienda: por expedir los CDP y avalar traslados para obras y operación del SITM, pese a las prohibiciones de la Ley 86 de 1989 y la Ley 310 de 1996.
Secretarías Administrativa y de Infraestructura: por los conceptos técnicos y descargos enviados a la Procuraduría (folios 30 a 94), objeto de investigación en la Personería por presunta falsedad o inducción a error.
El papel del Concejo de Bucaramanga
Sin la aprobación del Concejo —en especial de los ponentes, la Comisión de Presupuesto y las mesas directivas—, la Administración no habría tenido la habilitación jurídica ni presupuestal para destinar recursos al sistema masivo. Por eso, los concejales que votaron a favor enfrentan tres frentes:
Disciplinario (Ley 1952 de 2019): la Procuraduría y la Personería pueden investigar a quienes aprobaron acuerdos contrarios al ordenamiento superior. Aprobar rubros para Metrolínea, excluida de auxilio directo por el Convenio 348, configuraría una posible falta gravísima por extralimitación de funciones o prevaricato por acción.
Fiscal (Contraloría General de la República): si los traslados aprobados derivan en pérdida de fondos públicos o en obras inconclusas o inútiles, los concejales que votaron a favor podrían ser vinculados como responsables fiscales solidarios.
Control político: el Concejo aprobó sucesivas inyecciones de recursos sin citar a debates rigurosos a los supervisores del convenio para exigirles la cláusula de indemnidad o las cuentas del mantenimiento.
Lo que viene
El expediente SIGED-R-2025-15710 de la Personería de Bucaramanga es hoy el epicentro de una decisión clave: determinar si el financiamiento de Metrolínea respondió a una urgencia de ciudad o fue un desvío de poder para socorrer con dineros públicos un convenio diseñado para no costar un solo peso. La Personería tiene además la potestad de vincular a los concejales que, con su voto, habilitaron esos recursos, si así se comprueba.
Publicado originalmente en X (@LaCIA_col).